En su estudio sobre los alquileres, la socióloga urbana Natalia Cosacov advierte que desde mediados del siglo XX hubo una tendencia a que se redujeran los inquilinos. Si en 1960 eran el 50 por ciento de los hogares, la cifra fue cayendo hasta 1991, cuando quedó estable en un 22 por ciento. En 2001, seguían siendo el 22 por ciento. Sin embargo, esa tendencia histórica varió en la última década: en 2010, llegaban al 29 por ciento y en la actualidad se calcula que son el 32 por ciento. La socióloga señala dos factores que pueden haber influido: el aumento de los precios del suelo a un ritmo mucho mayor que los salarios y el magro acceso a créditos (en 2010, de cada 100 operaciones de compra venta, solo seis se hacían con un crédito).

"Al momento de hablar sobre alquileres es fundamental contemplar que somos parte de un contexto socio-cultural donde el valor está puesto en ser propietario de la vivienda y, desde allí, el alquiler emerge como sucedáneo a lo que se considera como el objetivo ideal –indica Cosacov- El alquiler, como relación social, es tal más allá de la existencia o no de un contrato formal. Es importante hacer esta distinción porque, en la Ciudad de Buenos Aires, hay un 30% de hogares (343.443 hogares) que alquilan el lugar donde residen, pero no todos tienen contrato formal de alquiler".



Las políticas del Estado tuvieron mucho que ver con estas variaciones. En 1948, la Ley de Propiedad Horizontal abrió el acceso a la vivienda propia. "Se trataba de los antiguos ‘edificios de renta’ que pertenecían a un mismo propietario. Esta ley estuvo acompañada por un importante otorgamiento de créditos para sectores medios y bajos a través del Banco Hipotecario Nacional. Al mismo tiempo, en 1949 se aplica la ley de congelamiento de alquileres y se establecen regulaciones que prohibían los desalojos", señala la socióloga en un artículo. A su vez, indica que la última dictadura desreguló los alquileres, lo que produjo el efecto contrario: "Una oleada de desalojos de familias inquilinas, al tiempo que se implementó la política de erradicación de villas. Esto trajo como consecuencia una disminución de los hogares inquilinos y un desplazamiento de todas las situaciones irregulares de tenencia hacia la provincia, específicamente, hacia el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires".

La política del macrismo de valorizar el valor del suelo en la zona sur de la ciudad, en ese sentido, apunta a un proceso de gentrificación (expulsión de los hogares más pobres hacia zonas periféricas). "Desde el modo en que el macrismo concibe este tipo de intervenciones y su orientación general de la ciudad, los efectos sociales de estas intervenciones no aparecen como un problema, toda vez que el foco está puesto en el valor del suelo como indicador de desarrollo urbano –sostiene Cosacov-- Sin embargo, debería ser una preocupación central la vulnerabilidad de los hogares inquilinos respecto de políticas tendientes a la valorización de estas zonas. Mientras que los hogares propietarios de la vivienda ante determinadas intervenciones ven acrecentar su patrimonio porque se valoriza su propiedad, los inquilinos deben afrontar el aumento del alquiler en una zona que se va cotizando cada vez más."

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